El diseño e implementación de un Protocolo de Acoso Laboral es una obligación ineludible para cualquier empresa o autónomo con empleados a su cargo. La normativa exige su aplicación en todas las empresas, independientemente del tamaño de la plantilla, y su incumplimiento puede derivar en sanciones y multas económicas.
Un Protocolo de Acoso Laboral es un plan que debe incluir medidas de prevención, detección y actuación frente a cualquier tipo de acoso en el entorno laboral, como:
- Acoso moral
- Acoso sexual
- Acoso por razón de sexo
- Trato degradante, hostil o humillante
- Violencia física
Sin embargo, no basta con contar con un protocolo; la empresa debe garantizar su correcta implementación, divulgación y seguimiento, asegurando que los mecanismos de actuación se activen cuando se requiera.
Pasos para implementar un Protocolo de Acoso Laboral
Para su correcta puesta en marcha, el protocolo debe negociarse y establecer medidas preventivas, proactivas y reactivas. Además, debe cumplir con una serie de requisitos legales, entre ellos:
1️⃣ Designar una comisión o persona instructora.
2️⃣ Elaborar el Protocolo de Acoso, definiendo procedimientos y medidas.
3️⃣ Crear canales de denuncia y un procedimiento interno para la recepción y gestión de casos.
4️⃣ Informar a la plantilla sobre las medidas establecidas y sus derechos.
Normativa aplicable y sanciones
El Estatuto de los Trabajadores y otras normas como la Ley de Igualdad establecen la obligatoriedad de contar con un Protocolo de Acoso Laboral, incluso para empresas que no estén obligadas a disponer de un Plan de Igualdad.
El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre 7.501 y 125.018 euros, además de la posible pérdida automática de ayudas y bonificaciones que estuviese recibiendo. Asimismo, si se producen este tipo de delitos dentro de la empresa y no existen medidas efectivas ni canales de denuncia, la responsabilidad de la empresa será mayor, pudiendo derivar en indemnizaciones por daños y perjuicios.